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Tasa portuaria: no se hizo lugar a una cautelar promovida por exportadores
El Juzgado Contencioso Administrativo rechazó el pedido planteado por CEAC y CIARA




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Necochea, 19 de octubre de 2017


                                                         Por JORGE GOMEZ
                                                         (Colaboración)

El Juzgado Contencioso y Administrativo del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del doctor Carlos Alberto Herrera, no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, mediante la cual se le solicito se le ordene a la Municipalidad local “se abstenga de iniciar, proseguir, impulsar y/o en general realizar cualquier acción tendiente a la determinación, cobro y/o ejecución por vía de apremio de la tasa (portuaria), como así también de solicitar cualquier clase de medida cautelar contra las empresas asociadas a CEC y CIARA hasta tanto recaiga sentencia firme en la presente acción”. 

La resolución del citado Juzgado está fechada este pasado miércoles 18 de octubre y se relaciona al rechazo de parte de estos sectores a hacer frente al pago de la denominada Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, instrumento municipal que está contemplada en las ordenanzas fiscal e impositiva desde hace tiempo y que este año mereció, tras un largo proceso de idas y vueltas, que el Departamento Ejecutivo comunal procediera a intimar a los comprendidos en esta gabela a cancelar abonando este tributo, el que, según cálculos varios, rondaría actualmente, desde su presunta aplicación hasta la fecha, en una cifra cercana a los 100.000.000 de pesos. 

Diversos funcionarios del Departamento Ejecutivo local, entre ellos el intendente Facundo López, pusieron en las últimas horas en valor informativo y administrativo esta primera decisión judicial, que sin ir al fondo de la cuestión –la legalidad o no del tributo- iría en consonancia y en línea con la fuerte decisión política comunal que dispuso oportunamente la vigencia y ejecución plena de una gabela motiva por el uso de las arterias, calles y accesos a Puerto Quequén por parte de los camiones que transportan mercaderías a la estación, cuya preservación y mantenimiento corre por cuenta del Estado municipal. 

En variadas consideraciones, el Juzgado Contencioso y Administrativo local informa en el escrito conocido que la petición de medida cautelar “se formula en el marco de una pretensión de declaración de certeza, donde el accionante entiende encontrarse en un estado de incertidumbre y perplejidad frente a la Municipalidad de Necochea” por la aplicación de la aludida tasa portuaria. 

Agrega, en otro párrafo, sin ir al fondo de la cuestión, que “siendo que la pretensión de sentencia meramente declarativa tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga punto final a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidad o alcance de una relación jurídica (…) no resulta errado entonces predicar que aquella perplejidad, existente en cuanto a la sustancia del reclamo, ha de trasladarse directamente al pedimento cautelar, en razón del vínculo de accesoriedad que –como supra se indicara- enlaza a ambas pretensiones”. 

Remarca, además, que “la circunstancia descripta se opone –por regla- a la configuración de la verosimilitud del derecho, primer recaudo de procedencia de toda cautelar, máxime cuando no se vislumbran en el pedimento precautorio, argumentos de peso que, sorteando la propia limitación emergente del tipo de pretensión escogida (…), justificasen la adopción en el sub examine de una solución que se aparte de tal principio.-" 

Argumenta que “en consecuencia que respecto del requisito de verosimilitud en el derecho (…) no se advierte en autos motivo suficiente para tener por acreditado, aunque más no sea para este examen superficial y no dé certeza de los derechos alegados, es más, se advierte en virtud de las consideraciones fácticas y legales expuestas que es necesario la dilucidación de la requisitoria previo a un mayor debate y examen de los extremos denunciados”, y ya en atención al terreno fiscal municipal de Necochea puntualiza que “los diferentes recaudos de procedencia de una medida cautelar deben examinarse con mayor estrictez fundamentalmente cuando la medida precautoria proyecta sus efectos en el ámbito fiscal (…), pues la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por las respectivas normas es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado”. 

Y remarca, como última referencia, que “en el mismo sentido la doctrina ha dicho atento al objeto de la medida solicitada, que sobre el régimen de medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales, debe ser examinado con especial estrictez”. 

Que conforme lo expuesto –acota en la parte final-, no habiéndose acreditado el primero de los requisitos y siendo necesario todos los presupuesto para que proceda la medida cautelar, cae en abstracto el tratamiento de los demás”. 

La resolución judicial completa expresa lo siguiente: 

CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA 

 Necochea, 18 de octubre de 2017.- 

Con la presentación de fs.305/311, téngase a la Municipalidad de Necochea con presentado en tiempo y forma el informe previo solicitado.- 

Agréguese a fs.312 y 313 la copia de los oficios diligenciados ante la Municipalidad de Necochea con fecha 26/09/2017.- 

Atento al estado de autos, corresponde expedirme respecto a la medida cautelar solicitada por la actora en donde solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar para que este juzgado ordene a la Municipalidad de Necochea se abstenga de iniciar, proseguir, impulsar y/o en general realizar cualquier acción tendiente a la determinación, cobro y/o ejecución por vía de apremio de la Tasa, como así también de solicitar cualquier clase de medida cautelar contra las empresas asociadas a C.E.C. y C.I.A.R.A. hasta tanto recaida sentencia firme en la presente acción.- 

CONSIDERANDO 

Que las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la decisión de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento" (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata ,causas G-8-MP2 “Villalba”, sent. de 25-IX-2008; G-518-MP1 “Consorcio de Copropietarios Edificio Diana Bolivar 1243/47”, sent. de 25-XI-2008; G-621-BB1 “Márquez”, sent. de 12-II-2009; G-961-MP1 “Y.P.F. S.A.” sent. de 29-IV-2009).- 

Que los arts. 22 a 26 del C.P.C.A. delinean los presupuestos esenciales que habilitan el despacho de medidas cautelares, a saber: a) el derecho invocado debe ser verosímil en relación con el objeto del proceso (cfr. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata causa V-1267-MP2 “Bisceglia”, sent. de 3-VII-2009); b) debe existir la posibilidad de sufrir, por quien introduce el planteo cautelar, un perjuicio inminente o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata causa V-1267-MP1, “Gramaglia”, sent. de 21-X-2008); y c) la tutela requerida no debe afectar gravemente el interés público (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 66.769 “Club Estudiantes de la Plata”, sent. de 26-X-2005; Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata causa G-1110-MP1 “Fioritti Hnos”, sent. de 1-IX-2009).- Estos recaudos informan y delimitan el contenido valorativo que debe seguir todo juez para otorgar la tutela precautoria exigiendo una mayor o menor presencia de los presupuestos legalmente establecidos, empero, sin llegar a justificar la total prescindencia de cada cual (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 64.769 “C.,d”, sent. de 8-XI-2006).- 

Así las cosas y teniendo en cuenta que la verosimilitud en el derecho invocado, constituye el primer recaudo a analizar para el otorgamiento de una medida precautoria es sobre este punto que comenzaré a desarrollar a continuación.- 

Verosimilitud del derecho: 

Conforme lo expuesto precedentemente podríamos afirmar desde otra perspectiva que la actora pretende que por medio de una decisión judicial se ordene a la administración municipal se le impida iniciar, proseguir, impulsar y/o en general realizar cualquier acción tendiente a la determinación, cobro y/o ejecuión por vía de apremio de la Tasa.- 

Que esta petición se formula en el marco de una pretensión de declaración de certeza, donde el accionante entiende encontrarse en un estado de incertidumbre y perplejidad frente a la Municipalidad de Necochea por la aplicación de la denominada Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial prevista en el art.413 y siguientes del año 2017 a las empresas asociadas y representadas por C.E.C. y C.I.A.R.A.- 

Que nuestra Alzada en la causa C-2443-mp1 “Metalúrgica Bonano S.A. c. A.R.B.A. s. Pretensión Declarativa de Certeza – incidente de apelación de medida cautelar” ante un planteo similar dijo: "En efecto, si para la concesión de una medida cautelar se requiere de un cierto grado de verosimilitud en el derecho reclamado, que sin alcanzar el grado de certeza demuestre prima facie -y en el plano de las probabilidades- la atendibilidad sustancial del planteo incoado (argto. doct. S.C.B.A. causa I. 70.777 “Intendente Municipal de Chascomús”, res. de 30-VI-2010), en principio no resultaría posible que la pretensión principal -a la que el pedimento cautelar accede- tenga por objeto el esclarecimiento de una situación de incertidumbre (conf. art. 12 inc. 4° del C.P.C.A.), pues precisamente ello importaría reconocer en forma tácita que, cuanto menos, existe un liminar estado de duda –y por tanto no de verosimilitud- en torno al derecho cuya tutela se procura en sede jurisdiccional (argto doct. esta Cámara causa C-2244-DO1 “Carlini”, sent. de 30-XII-2010).- 

Siendo que la pretensión de sentencia meramente declarativa tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga punto final a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidad o alcance de una relación jurídica (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 69.418 “Marenda”, res. del 14-V-2008; doct. esta Cámara causa G-1111-DO1 “Calmejane”, sent. de 23-VI-2009), no resulta errado entonces predicar que aquella perplejidad, existente en cuanto a la sustancia del reclamo, ha de trasladarse directamente al pedimento cautelar, en razón del vínculo de accesoriedad que –como supra se indicara- enlaza a ambas pretensiones.- La circunstancia descripta se opone –por regla- a la configuración de la verosimilitud del derecho, primer recaudo de procedencia de toda cautelar, máxime cuando no se vislumbran en el pedimento precautorio, argumentos de peso que, sorteando la propia limitación emergente del tipo de pretensión escogida (conf. art. 12 inc. 4° del C.P.C.A.), justificasen la adopción en el sub examine de una solución que se aparte de tal principio.-" 

En consecuencia que respecto del requisito de verosimilitud en el derecho (art. 22 ap. a) inc. 1ºdel C.P.C.A.) no se advierte en autos motivo suficiente para tener por acreditado, aunque más no sea para este exámen superficial y no de certeza de los derechos alegados, es más, se advierte en virtud de las consideraciones fácticas y legales expuestas que es necesario la dilucidación de la requisitoria previo a un mayor debate y examen de los extremos denunciados.- 

Que por otro lado, los diferentes recaudos de procedencia de una medida cautelar deben examinarse con mayor estrictez fundamentalmente cuando la medida precautoria proyecta sus efectos en el ámbito fiscal (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos: 328:837; 330:4953), pués la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por las respectivas normas es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos: 328:3720; 330:2186; 331:2889; Cámara Contencioso Administrativa con asiento en la ciudad de Mar del Plata causa C-1525-MP1 “Centro Médico Mar del Plata”, sent. de 30-XII-2009; C-1417-AZ1 “Piriz” sent. de 8-VI-2010).- 

En el mismo sentido la doctrina ha dicho atento al objeto de la medida solicitada, que sobre el régimen de medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales, debe ser examinado con especial estrictez..."(conf. Pablo O. Gallegos Fedriani, "Las medidas cautelares contra la administración Pública" pag. 177. ED. Abaco de Rodolfo Depalma).- 

Que conforme lo expuesto, no habiéndose acreditado el primero de los requisitos y siendo necesario todos los presupuesto para que proceda la medida cautelar, cae en abstracto el tratamiento de los demás.- 

Que lo expuesto -en el marco de la apariencia propia de un despacho precautorio y sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión debatida- resulta suficiente para desestimar la tutela de la medida precautoria solicitada ( art.22. inc 1º del C.P.C.A., ley 12.008, según ley 13.101).- 

En consecuencia corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada.- 

Por ello, los fundamentos expuestos; 

RESUELVO: No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (arts.22 y ss. del C.P.C.A y 230 del C.P.C.C.).-Notifíquese.- 

Dr. Carlos Alberto Herrera 

JUEZ 

 






 


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