Buenos Aires, 10 noviembre (NA) — El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró hoy en Alemania la primera audiencia en la que se trató la solicitud de Argentina para impulsar medidas provisionales contra el Reino Unido, con el fin de frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

La delegación nacional se hizo presente en la ciudad de Hamburgo para exponer su planteo contra el proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción e definitiva”, manifestó Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, quién acudió en calidad de agente ante el Tribunal.

El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental circundante a las Islas Malvinas. “Es un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente”, advirtió.

También apuntó que pese al reclamo argentino, anunciaron que iban a comenzar con la perforación a principios de 2027, fecha que las autoridades británicas aplazaron al 21 de marzo del próximo año. Incluso, prorrogaron por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos y se negaron a adoptar las medidas provisionales, lo que “agravó la controversia”.

Según el proyecto, Sea Lion contempla la explotación petrolera de la cuenca durante 35 años, con la posibilidad de alcanzar la perforación de 23 pozos de producción, y prevé nuevas etapas de desarrollo.

En ese sentido, Oyarzábal solicitó la necesidad de poner un freno al proyecto mientras se sustancia el arbitraje internacional, ya que si se cumplen los plazos anunciados “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el Tribunal Arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.

“La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto”, aseguró. Y enfatizó que ninguna indemnización posterior “podría restablecer el status quo”.

La comisión argentina está compuesta además por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Tras la exposición argentina, fue el turno de el Reino Unido. Este miércoles, se celebrará la segunda y última ronda de exposiciones entre ambas partes sobre el conflicto.