Buenos Aires, 15 noviembre (NA) – La ley de patentes que finalmente saldría del Congreso llevaría el sello del lobby de los laboratorios nacionales y no el de Estados Unidos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
El proyecto que el Senado trataría el jueves 19 propone la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con reserva del Capítulo II, una salida que no coincide con el texto que reclamaban Washington y las multinacionales.
La posición de los laboratorios extranjeros fue desde el primer momento la misma: el PCT debía aprobarse tal como salió del Senado en 1998, sin ninguna reserva.
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a las filiales locales de Pfizer, Merck, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, GSK y Sanofi, y la cámara AmCham enviaron cartas a los legisladores para rechazar cualquier cambio en la letra del tratado.
El argumento central fue que la reserva “debilita fuertemente el beneficio del sistema”, porque el Capítulo II es la instancia de examen preliminar internacional que permite mejorar la calidad de las solicitudes y reducir incertidumbre.
Las multinacionales pusieron sobre la mesa una inversión de 8.000 millones de dólares en investigación clínica en la Argentina entre 2026 y 2032, anunciada en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y presentada como condicionada al marco de propiedad intelectual.
Ese compromiso es el que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, repite en sus apariciones públicas como argumento para acelerar la sanción.
La posición del gobierno de Estados Unidos es todavía más exigente que la de las empresas: el PCT forma parte del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) que Milei firmó con Donald Trump el 5 de febrero.
Washington desplegó una ofensiva diplomática para destrabar la iniciativa: Lamelas reclamó públicamente la aprobación, el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, viajó a Buenos Aires sin lograr llevar el proyecto al recinto, funcionarios de la oficina comercial USTR como Jeff Goettmann pasaron por el Congreso y el consejero comercial de la embajada, Joel Reynoso, admitió esta semana que “estamos muy ansiosos” por la sanción.
El propio informe anual de Washington advirtió que supervisará el cumplimiento del ARTI y que la Argentina “sigue planteando desafíos” para las industrias de alta intensidad en propiedad intelectual.
En este escenario, la reserva del Capítulo II, impulsada por los laboratorios nucleados en CILFA mediante cartas, números y lobby a cielo abierto, dejaría a la Argentina adhiriendo al tratado con la mitad de su utilidad desactivada.
Solo Uruguay, entre los 158 países del sistema, hizo antes esa reserva, mientras que CAEMe terminó resignándose a aceptar que el PCT “es prioritario, aun con la reserva”, como avance de una “convergencia progresiva” hacia los estándares internacionales.
La lectura que se impone en los pasillos del Congreso resulta incómoda para la Casa Rosada: la ley que saldría con sello del lobby local no conformaría a Estados Unidos, dejaría los 8.000 millones de dólares condicionados al arbitraje de las empresas y abonaría el reclamo de Washington de que la Argentina cumple a medias con el acuerdo comercial.