Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – El Ministerio de Economía aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de la provincia de San Juan, con el objetivo de adaptar el marco legal a las demandas de la industria minera.

Según establece el texto oficial, la decisión busca “adecuar el mencionado reglamento al perfil minero-industrial proyectado para dicha Zona Franca y a las necesidades logísticas de los proyectos de cobre y oro que gravitan sobre la economía de la provincia de San Juan”.

El proyecto establece que la Zona Franca estará ubicada en el departamento de Jáchal, un punto estratégico para el establecimiento de empresas industriales, comerciales y de servicios.

En este sentido, la normativa precisa que la finalidad central del predio es “promover el desarrollo económico y productivo del norte de la provincia de San Juan mediante la radicación de actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios abasteciendo la cadena de valor minera”.

A su vez, el esquema operativo contempla la creación de una “plataforma de almacenamiento, consolidación, acondicionamiento y distribución de insumos, equipos, repuestos y servicios destinados al abastecimiento de proyectos mineros”, apuntando a dinamizar la inversión y el empleo local.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2000/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Dentro de las facilidades operativas aprobadas por la autoridad nacional, se autoriza a las empresas con procesos productivos continuos a solicitar un régimen de “operación continua (24×7)”, diseñado para atender actividades vinculadas al “procesamiento de minerales” y al “abastecimiento de proyectos mineros con ventanas logísticas críticas”.

En cuanto al tratamiento de los materiales, las empresas instaladas podrán realizar tareas de “conservación, acondicionamiento, clasificación, fraccionamiento, mezcla, transformación, industrialización, ensamblado, manufactura y cualquier otro proceso que agregue valor”.

La administración y control interno estarán a cargo del Comité de Vigilancia provincial, mientras que la supervisión del tráfico internacional de mercaderías corresponderá a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – DGA), organismo que aplicará “tecnologías no intrusivas y la simplificación de procedimientos” para asegurar la fluidez de la cadena logística.